A fines de la década del `90 en nuestro país se había consolidado un pacto mafioso de impunidad, que involucraba a los tres poderes del Estado y que tenía en la Corte Suprema de Justicia su garante. La eliminación de los mecanismos de control entre esos poderes ponía a la vida, la libertad, la honra y el patrimonio de los argentinos a merced del grupo gobernante. Fue en esas circunstancias que nuestra Asociación convocó a toda la sociedad a movilizarse y luchar, para recuperar las bases democráticas y republicanas de nuestra organización política.
Hoy vemos con alarma que nos enfrentamos a una situación en la que, con sus matices, van quedando también los ciudadanos en estado de indefensión frente a la prepotencia y abuso de los poderes corporativos y nos acerca a una etapa de la historia que pretendemos superar. Si al desconocimiento y violación de las normas jurídicas, tan habitual en nuestros dirigentes, le agregamos el desprecio por la Justicia y sus resoluciones, podemos entonces advertir que por ese camino se van minando los pilares del Estado de Derecho.
Así, nuestros derechos nada valen y su efectividad depende de la voluntad del funcionario de turno, investido de los atributos omnímodos de los antiguos monarcas.
El conflicto del sindicato de Aeronavegantes ha permitido sacar a la luzaquella tendencia que nos llevó al estado de degradación de nuestras instituciones. El Jefe de Gabinete – Aníbal Fernández – ordenándole a la Policía Federal desconocer una orden judicial y colocándose como último intérprete y custodio de la Constitución Nacional, desnuda ante la opinión pública lo que aquí denunciamos
La necesidad de defender determinados intereses económicos o sindicales han obligado al Jefe de Gabinete a dejar de lado toda sutileza y mostrar con crudeza un pensamiento autoritario y antirrepublicano que rechazamos enfáticamente.
El hecho es de una gravedad inusitada. El Poder Ejecutivo bajo ningún punto de vista puede tolerarlo, ya que se transformaría en cómplice de este grosero avasallamiento del orden social y político vigente y generaría las condiciones que llevaron a la destrucción de un marco jurídico democrático Ello más allá de la necesaria determinación jurisdiccional de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan aplicar al funcionario involucrado.
No menos grave es la actuación del Ministerio de Trabajo en este conflicto, actuando en forma indisimulada para impedir que se haga efectiva una sentencia judicial, que perjudica a un determinado grupo de dirigentes sindicales. Aunque estamos acostumbrados a que aquel organismo, bajo todos los gobiernos, se conduzca con absoluto desprecio de la juridicidad y movido por intereses políticos o económicos, pocas veces en esta etapa lo ha hecho en forma tan manifiesta como en las actuales circunstancias.
No se trata de un hecho aislado. Su actitud ante el pedido de inscripción gremial de los trabajadores de subterráneos es un eslabón más de este modus operandi.
Por todo ello exigimos a los poderes del Estado que cumplan con el ordenamiento jurídico vigente, adopten las medidas pertinentes para su aseguramiento y llamamos a todo el pueblo y en especial a los trabajadores a estar alerta, ya que están en peligro derechos humanos esenciales consagrados por la Constitución Nacional. Lo que está en discusión va mucho más lejos que la suerte de un sindicato.
Vaya también nuestro apoyo y solidaridad con los Jueces que con valentía defienden los principios tutelares del derecho en el marco de libertad y democracia que pretendemos para nuestra sociedad.
Estamos decidiendo si queremos vivir en un Estado de Derecho, o como sumisos súbditos de quienes no reconocen otra razón que la de su voluntad y la de sus intereses.
Buenos Aires, Diciembre de 2009.
FERNANDO NUGUER GUILLERMO PAJONI
Secretario General Presidente
